Ensayos de IA para la administración pública

Si su organismo va a atender a la ciudadanía con un asistente, el ensayo comprueba que cada respuesta cite su fuente y corresponda a la norma vigente, y deja un informe fechado que respalda la decisión de ponerlo en servicio.


Ensayos de IA para la administración pública. Si su organismo va a atender a la ciudadanía con un asistente, el ensayo comprueba que cada respuesta cite su fuente y corresponda a la norma vigente, y deja un informe fechado que respalda la decisión de ponerlo en servicio.

Lo que puede salir mal

Un ejemplo inventado de cómo puede fallar: Un ciudadano pregunta qué documentos necesita para pedir una ayuda municipal. El asistente da la lista de la convocatoria anterior, que pedía un documento más. El ciudadano pierde días buscando un documento que ya no se exige, o desiste de pedir la ayuda. El ensayo comprueba si el asistente distingue la convocatoria abierta de las anteriores.

Preguntas que el ensayo incluiría:

Qué supone la Ley de IA

El anexo III, punto 5, letra a, incluye desde el 2 de diciembre de 2027 los sistemas que usan las autoridades públicas, o que se usan en su nombre, para evaluar si una persona tiene derecho a prestaciones y servicios públicos esenciales de asistencia, y para decidir su concesión o su retirada, total o parcial, incluido el reintegro de lo percibido. Un asistente que informa sobre trámites y normas sin decidir sobre ningún expediente no figura en esa lista.

En cualquier caso, si el asistente conversa con personas, deben saber que hablan con una IA, salvo que sea evidente (artículo 50, desde el 2 de agosto de 2026). Y quien lo desarrolla o lo usa en su organización debe tomar medidas que apoyen la alfabetización en IA del personal que trabaja con él (artículo 4). Si un sistema es de alto riesgo es una cuestión jurídica que valora su asesor. Yo no lo califico; el ensayo le da pruebas en los dos casos.

Su organismo puede contratar el ensayo como contrato menor de servicios, porque sus 5.500 € sin IVA quedan por debajo del límite de 15.000 € del artículo 118 de la Ley 9/2017.